Editorial de Nueva Crónica Nº 125
LAS CAMPAÑAS ELECTORALES EN CONTEXTO
La habilitación de la candidatura de Evo Morales a su reelección en los próximos comicios generales de fines de 2014 ha sido zanjada de la peor manera, puesto que ha lesionado la legalidad constitucional vigente y ha desconocido compromisos formales acordados en la negociación parlamentaria que destrabó políticamente la adopción de un texto que luego se convirtió —referéndum constitucional de por medio— en la nueva Constitución Política del Estado. Ha prevalecido en consecuencia el talante particular del Presidente del Estado, que con preocupante frecuencia pasa por alto las exigencias de ejemplaridad que deberían guiar sus actos en vista de la alta investidura que ejerce. Dicha habilitación ha ocurrido además con el telón de fondo de conflictos sociales impulsados por una Central Obrera Boliviana aquejada de graves problemas de identidad, liderazgo y capacidad de representación eficaz del abigarrado mundo popular del trabajo, al punto que el propio Presidente ha señalado que ahora los movimiento sociales son la verdadera COB.
Tales circunstancias han puesto una vez más en evidencia la confusión que impera respecto de los ámbitos y procedimientos en que se debaten las cuestiones sustantivas del orden institucional nacional, las instancias de definición de las políticas públicas y los foros legítimos de negociación de los intereses de los distintos actores económicos, sociales y políticos.
Ese es el escenario que por lo visto prefiere el propio Evo Morales para el despliegue de su campaña electoral, caracterizada en lo fundamental por la utilización discrecional de todos los recursos materiales y comunicacionales del aparato del Estado, la agitación mediática en torno de las reivindicaciones marítimas de Bolivia, el amedrentamiento y la persecución judicial de algunas figuras de la oposición y el respaldo no desdeñable que proporciona la bonanza económica que todavía impera en el país.
Está claro que en la estrategia de campaña del oficialismo no se incluye ninguna novedad en términos programáticos, salvedad hecha de las respuestas insoslayables ante los deplorables resultados de las empresas estatales y de las irregularidades evidenciadas en torno a la gestión de programas centrales del proselitismo presidencial.
Para el país en cambio, existen ciertos temas de relevancia indiscutible, que deben ser examinados y debatidos en profundidad, sea que ellos se incorporen o no como parte de las campañas electorales del oficialismo o de la por ahora dispersa oposición.
Se trata, en primer lugar, de la necesidad de construir un nuevo orden político e institucional a largo plazo, que sustituya a la preocupante desinstitucionalización prevaleciente, donde han desaparecido prácticamente la mayoría de los principios elementales de la separación republicana de poderes, la vigencia efectiva del Estado de Derecho, la independencia fehaciente de la administración de justicia, la imparcialidad del órgano electoral y la rendición de cuentas por parte de todos los funcionarios que detentan poder y administran recursos públicos.
En segundo término, está pendiente la definición de una estrategia de desarrollo económico a largo plazo, donde se inserten de manera explícita las políticas públicas destinadas a promover la reconversión de la matriz productiva prevaleciente, la generación de empleo decente y la formalización tributaria y laboral de todas las actividades económicas.
Por último, el país necesita discutir los lineamientos primordiales de nuestro relacionamiento externo, tomando en cuenta la administración responsable de la demanda marítima ante la Corte Internacional de La Haya, así como otras circunstancias tales como la existencia de iniciativas regionales de integración y cooperación política y comercial contrapuestas como las de la Alianza del Pacífico, por un lado, y el MERCOSUR ampliado, por otro, que afectan las condiciones de la inserción internacional del país en términos económicos y políticos.
Ninguna de estas cuestiones puede examinarse, sin embargo, con la profundidad y el alcance que requieren, si es que no se cuenta en verdad con un sistema de medios de comunicación que garantice el tratamiento idóneo, profesional e imparcial de estos asuntos, tomando en cuenta que por de pronto los medios de comunicación se han convertido en actores con intereses propios dentro del sistema político, en competencia abierta con otras entidades de mediación y representación como son los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas y las organizaciones sociales.
